Militares y milicianos del gobierno sudanés podrían ser encausados por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad, cometidos durante ataques en diciembre en la región de Deribat, en Darfur, según un informe de la ONU publicado recientemente.
Durante esos ataques, unas cincuenta mujeres de 25 a 40 años fueron secuestradas y detenidas durante aproximadamente un mes como esclavas sexuales por parte de miembros del ejército sudanés y paramilitares, según el informe del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU, que completa una primera investigación publicada el mes de abril.
"Si las violaciones y la esclavitud sexual (...) forman parte de los ataques masivos o sistemáticos contra civiles, (esas formas de violencia sexual) pueden constituir un crimen contra la Humanidad y potencialmente son competencia del Tribunal Penal Internacional", señaló el informe.
El Alto Comisariado rechazó los argumentos del gobierno sudanés, que aseguró, para disculparse, que la región de Deribat no está bajo su control.
"Hay claros indicios de que personal gubernamental participó en esos ataques", señala el informe, que cita testigos.
La investigación de la ONU destaca igualmente que las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), citadas como parte integrante de los asaltantes, están consideradas legalmente como una "fuerza paramilitar" bajo la autoridad del ejército.
Igualmente, milicias de apoyo de las fuerzas gubernamentales participaron en esas atrocidades, destaca el informe.
"Las mujeres fueron secuestradas en pequeños grupos por hombres armados, y conducidas al lecho de un río seco entre Kutur y Deribat", explicó un testigo ocular.
"Las mujeres eran violadas por cualquier hombre que así lo quisiera. Cuando un hombre se acercaba, la mujer tenía que consentir, sino recibía una golpiza", añadió otro testigo.
Una mujer que intentó huir explicó como fue atada con una cuerda durante tres días, y luego violada por tres hombres. Muchos niños asistieron a escenas de violaciones múltiples, añade el informe.
La ONU, que deplora la inmunidad de la que se benefician los autores de crímenes de guerra en Darfur, pidió una nueva vez al gobierno y a los rebeldes que cesen sus ataques contra la población civil.
El Alto Comisariado para los Derechos Humanos pidió igualmente a las autoridades de Jartum que creen un órgano independiente para investigar esas acusaciones.
Los autores de esos delitos deben ser suspendidos de su servicio y llevados ante la justicia, y las autoridades deben por otra parte indemnizar a las víctimas, exige la ONU.
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