Tras un arduo debate, el Senado aprobó por mayoría declarar inadmisible el proyecto, en segundo trámite, que adecua la legislación chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por contravenir el artículo 65 de la Constitución que dispone que las materias relativas a amnistía e indultos generales deben tener su origen en la Cámara Alta.
De este modo por 19 votos a favor, 14 en contra y una abstención, el Senado respaldó la interpretación que en ese sentido hizo la semana pasada el Presidente del Senado Adolfo Zaldívar al declarar inadmisible la iniciativa legal que se inició en moción de diputados encabezados por Juan Bustos y que cumplió su primer trámite legislativo en la Cámara.
A favor de la inadmisibilidad votaron los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Fernando Flores, Eduardo Frei, José García, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Sergio Romero y Adolfo Zaldívar.
En contra se pronunciaron los senadores Soledad Alvear, Nelson Ávila, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Pedro Muñoz Aburto, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz Esquide y Guillermo Vásquez. Mientras que la abstención correspondió al senador Hosaín Sabag.
Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Gazmuri, Adolfo Zaldívar, José Antonio Gómez, Guillermo Vásquez, Camilo Escalona, Hernán Larraín, Alberto Espina, Carlos Ominami, Andrés Allamand y Sergio Romero, además del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
TEMAS DE FORMA Y DE FONDO
El senador Jaime Gazmuri pidió reabrir el debate sobre la inadmisibilidad y ponerla en votación ya que “tenemos diferencias sustantivas de forma y fondo con la decisión del Presidente de Senado porque es discutible declarar inconstitucional un proyecto que tuvo su trámite completo en la Cámara Baja, que fue acogido a tramitación en el Senado y que fue aprobado sin objeción por la Comisión de Constitución”.
Por su parte, el titular del Senado Adolfo Zaldívar, precisó las razones que tuvo para tomar su decisión “la cual estimo que es correcta” en función de las facultades de iniciativa exclusiva que concede la Constitución en materia de legislaciones que tengan relación con leyes de amnistía o indultos generales. “Tengo pleno derecho a presentar mi posición para que resuelvan lo que es conveniente. No estamos entrando al fondo del proyecto solo señalamos la atribución que creemos que es iniciativa del Senado”, dijo.
Una opinión distinta sostuvo el senador José Antonio Gómez, presidente de la Comisión de Constitución quien aseguró que se trata de una ley interpretativa que “no concede amnistía ni indulto alguno”. Agregó que lo que debe haber es “un respeto y cortesía entre ambas Cámaras que significa presumir la constitucionalidad de las actuaciones de la otra rama legislativa” y recalcó que de acuerdo a la propia Constitución, una vez que un proyecto pasa a segundo trámite, la Cámara revisora solo puede aprobarlo, rechazarlo o introducirle modificaciones.
En el mismo sentido, el senador Guillermo Vásquez hizo notar que la iniciativa fue declarada inadmisible después de toda su tramitación sin que nadie objetara su constitucionalidad. Por lo tanto, indicó que el Presidente del Senado “utilizó facultades que no tiene porque ya prescribió su derecho a hacerla y, por ello, independientemente del tema de fondo, sostengo que la declaración se hizo extemporáneamente”.
El senador Camilo Escalona incluso fue más categórico y dijo no entender por qué el titular de la Corporación declaró inconstitucional este proyecto y aseguró que “asistimos a un tufillo de intento de impunidad muy fuerte porque es una situación sorpresiva, insólita e inaceptable que implica interrumpir la tramitación de un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y que además fue despachado por la Comisión de Constitución del Senado, sin que se mencionara el tema”.
Le respondió el senador Hernán Larraín quien pidió centrarse en el debate técnico jurídico porque “escucho afirmaciones que van creciendo al calor del debate y que van más allá de lo que originó la discusión y ni siquiera hemos entrado al fondo del debate”. Defendió además la interpretación de que la declaración de inadmisibilidad de un proyecto se puede hacer en cualquier momento de su tramitación y, por lo tanto, el Presidente del Senado la puede hacer.
Por su parte, el senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Constitución aclaró que dicha instancia “no vio ni discutió la constitucionalidad del proyecto”. A su juicio hubo una omisión involuntaria y corresponde que el Presidente del Senado “nos diga si estamos ante una norma inconstitucional”. Además criticó la demora del gobierno en la tipificación de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio que son necesarios para adecuar nuestra legislación al tratado que crea la Corte Penal Internacional.
A su vez, el senador Carlos Ominami hizo notar que si la Comisión no se pronunció sobre constitucionalidad de la iniciativa quiere decir que era admisible. Sostuvo también que no se trata solo de un tema de forma porque “lo que se está haciendo es interrumpir la tramitación de un proyecto de ley, lo que me parece grave porque significa entrar en un conflicto con la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, el senador Andrés Allamand refutó esta argumentación porque podría darse el caso –dijo- de que la Cámara Baja aprobara un proyecto abiertamente inconstitucional, sin embargo, de acuerdo al razonamiento de algunos parlamentarios de la Concertación estaríamos obligados a tramitarlo a aprobarlo y luego recurrir al Tribunal Constitucional”.
En tanto, el ministro secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, aclaró que las normas sobre procedimiento parlamentario “tienen que ser interpretadas armónicamente y en su conjunto y si hay problema grave de interpretación se debe recurrir al TC”. Refrendó la postura de algunos senadores en el sentido que “aprobado el proyecto por una Cámara no corresponde que la otra lo declare inadmisible porque de lo contrario se está sentando un precedente donde una Cámara puede bloquear a la otra”.
Finalmente, ante esta intervención el senador Sergio Romero, dejó constancia de su sorpresa porque “no sé si el ministro Viera Gallo habló a título personal, de su gobierno o como ex senador porque toma partido en una situación puramente parlamentaria arremetiendo contra una decisión que adoptó válidamente el Presidente de la Corporación, lo cual es inadmisible”. Recordó además que la Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado.
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